“3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con discapacidad”
Cada año, el 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que, más que celebrarse, debería servir para reflexionar, exigir acciones concretas y asumir compromisos de actuación por parte de las autoridades.
Como persona con discapacidad, vivo de cerca las consecuencias de la falta de accesibilidad, de los prejuicios y de la indiferencia institucional que persiste, a pesar de los discursos oficiales sobre inclusión y respeto.
Año con año veo cómo las instituciones preparan eventos conmemorativos, conferencias y fotografías que, aunque llenan los espacios públicos y las redes sociales, no transforman la realidad de quienes enfrentamos barreras todos los días. La inclusión no se logra con una ceremonia, sino con compromiso, supervisión y aplicación efectiva de la ley.
Una ley sin vigilancia ni aplicación.
En México contamos con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en teoría debería garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, esta ley carece de vigilancia y de mecanismos reales de cumplimiento.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), que debería coordinar las políticas públicas en esta materia, actualmente no puede ejercer sus funciones. Las reformas recientes limitaron su capacidad operativa, lo que representa un retroceso institucional grave.
Como persona con discapacidad, sé lo que implica que las políticas públicas existan solo en papel. Tener leyes sin supervisión y sin presupuesto es como tener derechos que no se pueden ejercer. Urge que el CONADIS recupere su autonomía, recursos y facultades reales para garantizar que la inclusión sea más que una promesa.
De la igualdad formal a la inclusión real.
Aunque la Constitución reconoce la igualdad ante la ley, en la vida cotidiana seguimos enfrentando desigualdades profundas.
La discriminación se manifiesta en el acceso a la educación, el trabajo, la justicia, la salud y la participación política.
Lo más preocupante es que muchas de estas exclusiones se justifican bajo la idea de “protección” o de “falta de capacidad”. Pero algo más preocupante y limitante, está en las personas que ignoran la cultura de la integración, y en las estructuras que no se adaptan.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es clara: negar ajustes razonables constituye discriminación. Sin embargo, la mayoría de las instituciones aún no lo asumen como una obligación jurídica, sino como una opción voluntaria.
Accesibilidad y autonomía: derechos, no favores.
La accesibilidad sigue siendo una de las deudas más grandes del estado mexicano.
La mayoría de los espacios públicos, medios de transporte, oficinas gubernamentales y plataformas digitales continúan presentando barreras que nos excluyen.
La accesibilidad no es un detalle ni un lujo: es un principio de justicia. Sin accesibilidad no hay participación, y sin participación no hay democracia.
Asimismo, las figuras jurídicas de tutela e interdicción que aún subsisten en varios estados siguen negando nuestra autonomía. Sustituir la voluntad de una persona bajo el argumento de “protegerla” es una forma de violencia legalizada.
Si bien ya se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que elimina la figura de la interdicción y promueve el sistema de apoyos y salvaguardas, su entrada en vigor aún no es generalizada en todos los estados, debido a la falta de infraestructura técnica y humana actualizada.
Esto significa que miles de personas con discapacidad en el país siguen sujetas a leyes obsoletas que desconocen su capacidad jurídica y su derecho a decidir sobre su propia vida.
Nada sobre nosotros sin nosotros.
El principio “Nada sobre nosotros sin nosotros” es más que una frase; es un recordatorio de que ninguna política pública puede construirse sin la participación activa de quienes vivimos la discapacidad.
Con frecuencia se elaboran programas, leyes y estrategias sin consultar a las propias personas con discapacidad. Se nos invita a los eventos, pero no a las mesas donde se toman decisiones.
Queremos participar, no solo ser representados. Queremos incidir, no solo ser fotografiados.
Del discurso a la acción.
Este 3 de diciembre no necesitamos ver o estar en más actos simbólicos ni discursos vacíos. Necesitamos resultados.
Las personas con discapacidad no pedimos privilegios; exigimos derechos.
Para avanzar hacia una inclusión real, necesitamos:
- Reactivar y fortalecer al CONADIS con autonomía, presupuesto y facultades de supervisión.
- Garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios y servicios públicos.
- Eliminar figuras discriminatorias en los códigos civiles y armonizar las leyes con la CDPD.
- Promover la inclusión laboral efectiva, con ajustes razonables y condiciones dignas.
- Asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas.
- Capacitar de manera permanente a las autoridades en derechos humanos y perspectiva de discapacidad.
Mí reflexión final.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad no debería ser un día de celebración, sino un día de rendición de cuentas y de compromiso firme por parte de las autoridades para actuar.
No queremos ser parte de un evento para la foto; queremos ser parte de las decisiones que cambian vidas.
Hablar de inclusión es hablar de derechos humanos, de dignidad y de justicia. Mientras no existan políticas públicas con resultados medibles, el 3 de diciembre seguirá siendo solo una fecha en el calendario.
Aún estamos a tiempo de elaborar propuestas y compromisos firmes de actuación que cambien la situación actual y mejoren la realidad de las personas con discapacidad. No se trata solo de reconocer lo que falta, sino de construir desde hoy las acciones que garanticen un futuro más accesible, justo e incluyente para todas las personas.
La inclusión no se agradece: se exige, se defiende y se construye entre todas las personas.
Artículo escrito por el Licenciado Sergio Armando Castro Barriga, persona con discapacidad visual que radica en la ciudad de Zamora, Michoacán.